La alcaldesa ha anunciado un recurso para pedir el archivo de la causa y una demanda contra los socialistas
La alcaldesa de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez, ha sido citada a declarar, en calidad de investigada, por un presunto delito de prevaricación en relación a la custodia de documentación municipal.
El juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por el grupo municipal del PSOE en octubre contra la regidora, que encabezó la lista electoral de San Fernando de Henares Sí Puede (Sfhsp), formación afín a Podemos.
El asesor de la alcaldesa, Joaquín Gómez, ha sido citado igualmente a declarar el 20 de febrero como imputado por su manipulación de los papeles sobre la operación urbanística de la plaza de España y la venta de dicho espacio público el pasado año a un fondo buitre.
Antes de llevar el caso a los tribunales, los socialistas denunciaron en un comunicado que un «voluntario» de Sfhsp, en alusión a Joaquín Gómez, «campa a sus anchas» por el archivo de Alcaldía y tiene acceso «a todo tipo de información» sobre la operación urbanística y el proceso judicial de la misma.
En declaraciones a Efe, la alcaldesa ha afirmado que la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE solo pretende «enmarañar» el caso de Plaza de España y debilitar al Ejecutivo local.
Y ha añadido: «Vamos a personarnos en el procedimiento con un recurso para solicitar el archivo de la causa porque los delitos imputados no están acreditados».
La regidora ha anunciado que presentará una demanda contra los socialistas por un delito de «injurias» y pedirá responsabilidades por daños morales.
«Han puesto dos querellas pero no explican por qué votaron a favor de reagrupar y reparcelar fincas para convalidar una aportación irregular como fue la que se hizo con la plaza», ha criticado.
El proyecto urbanístico fue impulsado durante el Gobierno municipal de IU, que constituyó en 2008 la sociedad Plaza de España, participada en un 49 % por el Ayuntamiento y en un 51 % por los vecinos propietarios de las viviendas y locales que iban a ser rehabilitados.
En 2012 salieron a la luz los impagos acumulados por la promotora a su principal acreedor, Bankia, así como a las constructoras del proyecto, que desde entonces se han negado a devolver los inmuebles rehabilitados a sus propietarios.
Dos años después, el conjunto de arquitectura barroca que el Gobierno municipal de IU integró en el patrimonio de la sociedad urbanística semipública entró en concurso de acreedores.
Un juez autorizó en 2016 la venta por 27,5 millones de euros al fondo de inversión Pacífica Gestión de los bienes inscritos como activos de la promotora urbanística, entre los que se incluyen, además del espacio público de la plaza, más de cien viviendas y otros tantos locales, dos centenares de aparcamientos y un aparcamiento público con más de 600 plazas.
