Se trata de un contrato de la EMT suscrito en 2019y por el que un trabajador de la entidad habría recibido una comisión del 3%
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid ha abierto un expediente para esclarecer quién estuvo involucrado en el contrato de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), suscrito el 14 de junio de 2019, por el que un trabajador de la entidad habría recibido una comisión del 3 %.
Fuentes municipales han informado a Efe este jueves de que la Oficina Antifraude ha solicitado información a la EMT para conocer qué empleados intervinieron y datos específicos sobre Pablo Pradillo, el trabajador de la empresa municipal que solicitó la suspensión de su contrato por «mutuo acuerdo» con la EMT desde el 1 de enero de 2019.
Ambas partes acordaron la reincorporación de Pradillo a la EMT en un plazo de tres años, con la misma categoría, salario y condiciones, añaden las mismas fuentes. El diario El País publicó el martes pasado que Pradillo, en la actualidad jefe de División de la EMT, recibió más de 150.000 euros de una constructora como comisión del 3% por ayudarle a lograr este contrato de la empresa municipal.
Este contrato tenía una cuantía de 5.058.294,50 euros (sin IVA), y estaba destinado a la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y adecuación a normativa del centro de operaciones de Fuencarral de la EMT. La adjudicación está firmada por Inés Sabanés, exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad; el exgerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia, y el secretario, José Luis Carrasco.
El edil de Más Madrid Jorge García Castaño es también miembro de la comisión delegada que lo adjudica. Por ello, el actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha solicitado explicaciones a Sabanés, Castaño y Heredia (actualmente alto cargo socialista en Valladolid), así como a Rita Maestre, portavoz del Gobierno de Manuela Carmena y actual portavoz municipal de Más Madrid.
Carabante asegura que la EMT ofrecerá «toda la información disponible» para esclarecer lo ocurrido, y reitera que si se constata que hay «indicios de ilícito penal», el Ayuntamiento acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue «por prevaricación y malversación de caudales públicos» a Sabanés, a García Castaño y a Fernández Heredia.
