Se ha admitido a trámite una querella de IU, que se une a la del PSOE que fue respaldada por CCOO
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Coslada ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez (San Fernando Sí Puede), por presunta infracción penal en relación a la custodia de documentos al permitir a un asesor acceder a datos del proceso sobre Plaza España y acuerda dirigir el procedimiento contra ella en calidad de investigada.
Según el auto, también se acuerda imputar a un asesor por el mismo motivo. El juzgado expone que ha admitido la querella presentada por IU en la localidad a raíz de lo solicitado por el Ministerio Fiscal y acuerda la apertura de diligencias.
En este sentido, el juzgado emite un oficio para solicitar al Ayuntamiento de Henares que se informe de las dependencias, archivo y servicio en el que se encuentran custodiados los documentos relativos a los procedimientos judiciales relacionados con la remodelación de la Plaza de España de la localidad.
A su vez, reclama que se le relacione las personas responsables de la custodia y los cargos que ocupan en el Consistorio. El juzgado también pide que se proporcione las personas autorizadas para acceder al documento y la resolución de la autorización.
También quiere que se remita información sobre si existe un archivo específico, no integrado en el archivo municipal, que se denomine «archivo de alcaldía» y, en caso de ser así, se especifique cuál es su ubicación, finalidad y responsables de sus datos así como los cargos que ocupan.
A su vez, expone que se remitan datos sobre el cargo y la relación laboral, contractural o funcionarial que tienen con el Consistorio dos asesores. Finalmente expone que, a la vista de las diligencias de instrucción, se resolverá sobre posible adopción de medidas cauterales.
Se trata de una resolución similar a la emitida en su día por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Coslada, que admitió a trámite una querella del PSOE contra Rodríguez por presunto delito de revelación de secretos y la citaba a declarar en calidad de investigada el próximo día 20 de febrero. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se sumó al poco tiempo a la denuncia del PSOE.
