El Ejecutivo autonómico ha superado ya los 2.200 pisos entregados y alcanzará los 10.500 antes de que finalice la legislatura
La Comunidad de Madrid ha entregado 166 nuevas viviendas del Plan Vive destinadas al alquiler a precio asequible en Valdebebas. Con estas, el Ejecutivo autonómico ha superado ya los 2.200 hogares puestos a disposición de los ciudadanos y alcanzará los 10.500 antes de que finalice la legislatura.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado hoy junto a las familias adjudicatarias esta promoción de la calle César Cort Botí, en el distrito de Hortaleza, dotada con garaje y trastero, gimnasio, piscina, pistas de pádel, sala comunitaria y parque infantil. «Esta forma de colaboración público-privada ha generado en la región más de 1.000 millones de euros de inversión por parte de las empresas, además de contribuir a la creación de miles de empleos directos e indirectos y aumentar la oferta disponible», ha destacado.
Imágenes: Comunidad de Madrid.
Cuenta con 66 pisos de un dormitorio, 68 de dos y 32 de tres, de los que siete están adaptados a personas con movilidad reducida. Rodrigo ha recordado que, en unos días, se entregarán las llaves de otros 166, situados en una parcela aledaña, donde ya han concluido las obras, y a estos se sumarán 441 más antes de que finalice el primer semestre de 2025. «El elevado número de solicitudes recibidas, que supera las 10.000 para el conjunto de las 773 casas que tendrá Valdebebas, refleja el éxito de estas promociones del Plan Vive», ha subrayado el consejero.
Hasta la fecha, la Administración autonómica ha puesto a disposición de los madrileños más de 2.200 hogares y hay una cifra similar en fase de comercialización, además de otras 3.700 que se encuentran en construcción.
El principal requisito para optar a estas viviendas es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. I
Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que desempeñen su trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Igualmente, se toma en consideración el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
