Más de un centenar de personas se quedarán en la calle tras el cierre de la fábrica
La plantilla de Coopbox Hispania ha convocado paros y concentraciones, de una hora, que se llevarán a cabo los días 5, 9, 12 y 16 de noviembre, ante el cierre total de las instalaciones de Alcalá planteado por la empresa.
Tal y como ya contamos aquí en MiraCorredor, la multinacional italiana anunció el cierre de su fábrica en Alcalá de Henares, hace años conocida con el nombre de Dynaplast, situada en el kilómetro 30 de la M-300.
La empresa planteó un ERE de extinción de 107 contratos acompañado de un ERE de suspensión temporal para 13 personas que se quedarían para el desmantelamiento de la fábrica, lo que significa el cese total de actividad.
Vicente García, secretario general de Comisiones Obreras en el Henares, lamentaba en declaraciones a MiraCorredor que «una empresa emblemática de Alcalá, que lleva décadas asentada aquí se vea abocada al cierre por una mala gestión cuando los trabajadores de la antigua Dynaplast habían llegado a acuerdos salariales para buscar la viabilidad».
Según García, la multinacional alega problemas económicos, una situación por la que también se verán afectados los trabajadores de la fábrica que la compañía tiene en Lorca (Murcia), donde se despedirá a la mitad de la plantilla en extinción y a la otra mitad en suspensión temporal.
Desde el sindicato han pedido apoyo a los grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad complutense.
«Instaremos a los grupos políticos del Ayuntamiento para que se solidaricen con los trabajadores y esperar a que surja el milagro porque el expediente está planteado en unos términos terribles, la empresa dice que en caso de que no encuentre un comprador en el plazo de un mes se verá abocada al cierre definitivo», señalaba García.
Detrás de los problemas que atraviesa la multinacional, dedicada a la fabricación de envases y embalajes de plástico, podría estar la multa millonaria que la Comisión Europea impuso a Coopbox y a otras nueve empresas del sector en 2015 por pactar precios e intercambiar información comercial sensible. En el caso de la italiana, la cantidad a pagar era de 33,6 millones de euros.
