Dura crítica del Gobierno de Torres de la Alameda a la decisión de Cifuentes de tumbar el complejo de ocio por segunda vez
El Ayuntamiento de Torres de la Alameda, gobernado por el PSOE, ha vuelto a manifestar su «disconformidad e indignación» tras el segundo rechazo de la Comunidad de Madrid al proyecto Live! Resort que la compañía norteamericana Cordish quiere construir en Torres de la Alameda.
El Gobierno regional se ha negado por segunda vez a tramitar el complejo de ocio como un Centro Integrado de Desarrollo, una calificación que conlleva beneficios fiscales, urbanísticos y que agiliza los plazos.
Uno de los argumentos del Ejecutivo de Cifuentes es que el proyecto «no tendría un impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid», a lo que el Gobienro local contesta que el rechazo es «una medida irracional y lesiva para todos los madrileños y madrileñas», que, a su juicio, «se fundamenta en argumentos falsos y juicios de valor tendenciosos».
El Ejecutivo municipal plantea una serie de cuestiones:
- «¿Cómo es posible que la creación de 57.000 empleos directos e indirectos, de los cuales 18.000 serían puestos de trabajo estables, sea considerado por el Ejecutivo de Cifuentes como un impacto irrelevante?».
- «¿Cómo es posible que la recaudación tributaria que generaría el complejo, estimada en 195 millones de euros al año, también se considera poco significativa por el Gobierno de Cifuentes?».
- «¿Cómo es posible afirmar que los 3,6 millones de visitantes que acogería el centro de ocio, es una cantidad irrelevante para el turismo de la Comunidad de Madrid?», ¿Acaso la llegada de todos estos turistas no serviría para dinamizar la economía madrileña y generar riqueza y empleos en la región?».
- «¿Cómo se puede afirmar sin sonrojarse, que la actividad económica del complejo de ocio tendría muy poca incidencia en la vida económica de Torres de la Alameda y de los municipios colindantes?», «¿Una inversión económica de 2.200 millones de euros ampliable hasta los 3.000, y la creación de 57.000 puesto de trabajo directos e indirectos significa para el Ejecutivo de Cifuentes, tener poca incidencia en la vida económica y social en Torres de la Alameda y su entorno?».
Según el Gobierno local, la Comunidad de Madrid «se olvida de los numerosos desempleados de larga duración que viven en el Corredor del Henares y de sus familias, y que con la negativa al proyecto de ocio, han visto frustradas sus expectativas de mejora en su situación económica, personal y profesional».
Además añade que la recaudación tributaria que «desprecian» (195 millones de euros al año), «equivale al 50% de los recortes efectuados en Educación en la Comunidad de Madrid, es una cantidad mayor a los 187 millones de euros presupuestados en infraestructuras de carreteras y ferroviarias para toda la Comunidad de Madrid, y por supuesto superior a los 100 millones que el viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda, en declaración pública, ha estimado serían necesarios para mejorar las conexiones de comunicación con el citado centro de ocio, suponiendo su autofinanciación al 100% y por tanto no representando coste alguno para los madrileños y madrileñas».
Desde el Gobierno municipal de Torres de la Alameda consideran que la desestimación del proyecto por el Gobierno regional del PP, «es una prueba más de la discriminación territorial a la que nos somete a los municipios del Sur-Este de la Comunidad de Madrid, y estamos seguros de que de haberse planteado en un municipio del noroeste gobernado por el PP, el proyecto hubiera salido adelante».
Critican además que la decisión se haya justificado «utilizando como excusa los informes elaborados por distintas consejerías que, en algunos casos como la de Cultura y Turismo utilizan argumentos que rayan lo ridículo al afirmar que el proyecto no contempla nuestro patrimonio más universal, una de nuestras señas de identidad, como es el Flamenco. ¿No considera la Consejería de Cultura que el chotis es más representativo de las señas de identidad de los madrileños y madrileñas?», se pregunta.
El Ejecutivo local lamenta también que la Consejería de Medio Ambiente se oponga a la construcción del complejo, «mientras autoriza y promueve en una zona próxima, en el término municipal de Loeches, la construcción de un Macrovertedero de residuos, siendo obvio que en este caso sí que causará un importante impacto medioambiental en la zona».
Sobre los argumentos de la Consejería de Transportes, el Ayuntamiento de Torres cree que «no ha tenido en cuenta cuando se construían infraestructuras en otras zonas de la Comunidad de Madrid», lo que, según su opinión, «vuelve a poner de manifiesto el diferente trato que reciben otras zonas de la región con respecto al Sur y Este de la Comunidad». Además, según el Consistorio, «omiten que la inversión necesaria, según el viceconsejero de Economía, es de 100 millones, y que sería cubierta íntegramente con la recaudación tributaria prevista en un sólo año de actividad por el centro de ocio, que rondaría los 195 millones de euros».
Por último, dice que «a juicio del Gobierno regional, que el Corredor del Henares disponga de una sede permanente del Circo del Sol, tres museos, un teatro, un club de jazz, salas de conciertos, salas de cine, entre otras instalaciones, no enriquecen la oferta cultural madrileña dado que existen espacios similares en otras zonas de la Comunidad de Madrid» y se pregunta: «¿No tenemos derecho los habitantes de esta zona a poder disfrutar de infraestructuras culturales y de ocio amén de la oferta que ofrezcan estas instalaciones?».
Desde el Equipo de Gobierno municipal expresan la sospecha de que en la negativa «han pesado más intereses ocultos que no han trasladado a la opinión pública, que el interés general de los madrileños y madrileñas», y prueba de ello, dicen, «es que ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni la consejera de Economía, Empleo y Hacienda accedieron a reunirse con el alcalde de Torres de la Alameda a pesar de las solicitudes efectuadas por él, para tratar sobre esta multimillonaria inversión».
Y es más, para el Gobierno de Torres, la decisión podría «poner en riesgo futuras inversiones de capital extranjero en todo el territorio nacional».
