La Asamblea regional ha aprobado la nueva Ley de Infancia, que sustituye a la vigente desde 1995
La Asamblea de Madrid aprobó ayer la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que salió adelante con los votos de PP y Vox. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1995, «refuerza los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes y se adapta al marco normativo nacional e internacional y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad», destaca el Gobierno regional.
Se trata de la sexta norma que se convalida en el Parlamento autonómico en lo que va de año y entrará en vigor este próximo mes de abril tras su publicación los próximos días en el Boletín Oficial regional (BOCM).
Entre otras cosas, la nueva norma hace hincapié en los derechos de los niños en relación con el entorno digital, garantizando su aprendizaje, fomentando el uso responsable y seguro y protegiendo a los menores frente a contenidos perjudiciales, y en los casos de bullying o acoso escolar adapta la normativa nacional recogida en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de 2021.
En este sentido, la nueva ley establece que los profesores que sean conocedores de estos casos en sus centros de trabajo y no informen o denuncien recibirán una importante sanción económica. En concreto, la cantidad oscilará entre los 3.000 y los 30.000 euros por considerarse una falta muy grave, según ha adelantado El Mundo y confirman desde el Ejecutivo regional.
La normal castigará el hecho de «incumplir el deber de comunicación de situaciones de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, de quienes por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de dicha situación».
También se recoge como falta muy grave «la participación de menores de dieciséis años en actividades que conlleven situaciones de grave riesgo para su salud e integridad física» que sean permitidas por promotores de espectáculos o festejos públicos o la elusión de «los procedimientos legales de adopción y mediando compensación económica». También entre las actitudes que pueden ser sancionadas con la mayor cuantía aparece el uso de imágenes de los menores «en la publicidad de productos, bienes servicios que les están prohibidos».
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años, lo que supone una de las novedades más relevantes de la nueva ley. Del mismo modo, fija la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
El Gobierno regional afirma que con esta normativa deja claro su «compromiso de proteger el derecho a la vida, supervivencia e integridad física, psicológica y moral de los niños, movilizando a tal efecto todos los recursos disponibles, en aras a la salvaguarda del interés superior del menor».
