La querella atribuye a todos los miembros del Ejecutivo un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia
Once abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de 3.268 familiares de fallecidos por coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el Consejo de Ministros por un presunto delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave» al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.
Los firmantes de la querella han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias dado que a las demás «se les ha negado el Certificado Médico de Defunción, necesario para interponer la acción, y se les ha dado un plazo de varios meses, para poder entregárselo», señalan los querellantes.
Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta» por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia.
«Una crisis sanitaria», dice el texto, «que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus».
La querella, que se puede descargar aquí, recoge también que el Gobierno «decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas», porque «a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones» y señala en concreto que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, animó en unas declaraciones «a acudir a las manifestaciones feministas» del 8 de marzo.
La plataforma El Día Después, impulsora de la querella, ofrece a las familias que hayan perdido a un ser querido poder sumarse a la misma enviando un correo electrónico a victimas@despues.info con una copia del Certificado de Defunción del fallecido, el DNI del familiar que desee representar a la familia y un teléfono de contacto.
La Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, que preside la abogada Emilia Zaballos, también se ha unido a la iniciativa y tiene previsto personarse en el proceso como acusación popular. «Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave. Desde la Fundación Zaballos no hemos dudado, desde el minuto uno, en dar apoyo legal a los afectados. Consideramos que es de justicia. Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia», declara Emilia Zaballos.
Los querellantes recuerdan que el delito de homicidio por imprudencia está castigado en el artículo 142 del Código Penal con penas de hasta 4 años por cada homicidio que, en este caso, podrían llegar a los 6 años de prisión.
