El edil de IU asegura que no le ha llegado ninguna notificación
Podemos Velilla de San Antonio ha pedido la dimisión de un concejal de la localidad «multado con 751 euros por verter escombros en la zona del Parque Regional del Sureste». «Según figura en el Expediente número 157/2023, se incoa expediente de sanción por infracción administrativa contra dicho concejal por depositar y transportar escombros, tierras y demás residuos procedentes de obras, lo que contraviene la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos en su artículo 21.4. La Ordenanza fue aprobada recientemente a finales del pasado mes de octubre modificándose la anterior. La infracción se considera grave y se propone una sanción de 751 euros», informa Podemos Velilla en una nota.
El concejal multado, Antonio Montés, el único que tiene IU en la localidad, quien asegura – en conversación con MiraCorredor- que «a mi no se me ha comunicado ningún expediente, no me ha llegado ninguna notificación». Además, asegura que estudia emprender acciones legales contra Podemos.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Podemos en Velilla, Fede Pascual, señala que «es impropio este tipo de actitudes por parte de un concejal de este Ayuntamiento. Las ordenanzas se hacen para regular la convivencia y los concejales y concejalas debemos ser ejemplares en su cumplimiento. Si no, ¿con qué autoridad les pedimos a nuestros vecinos y vecinas que cumplan las normas? La ley es igual para todos y ningún concejal se la puede saltar. Los concejales debemos dar ejemplo».
Pascual asegura que reclamó en el pleno de enero que dicho concejal «tenga el valor de dar la cara, pedir perdón a los vecinos y vecinas, que presente su dimisión y que abandone el Ayuntamiento». «Velilla y los votantes de este concejal especialmente no merecen que alguien así les represente», añade el portavoz de Podemos.
Asimismo, recuerda que en dicho pleno el grupo municipal de Podemos presentó «una moción sobre los vertidos ilegales en las zonas del Parque Regional del Sureste», «para que se mejore su vigilancia y para denunciar los graves problemas medioambientales y de salud que pueden ocasionar a la población o a cualquier trabajador o trabajadora que lo haga junto a estos residuos, que contaminan el suelo, el agua o el aire, consecuencia de las sustancias depositadas y de los escapes de disolventes, pinturas o lixiviados».
«Algunos elementos depositados pueden ser altamente tóxicos si se fracturan y manipulan sin protección, como el amianto. Ello puede desencadenar un problema de salud grave que también hay que tener en cuenta. Y luego está el factor económico, porque la recogida de este tipo de vertidos es responsabilidad municipal, para lo que se requiere invertir en ello, con el gasto consiguiente y el perjuicio económico para el Ayuntamiento. Estos vertidos ilegales, pues, tienen consecuencias medioambientales, sanitarias y económicas», concluye la formación.
