El código ético del partido le obligaría a dimitir
La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto fechado el pasado 28 de enero, ha rechazado el último recurso del alcalde socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, que será juzgado por prevaricación administrativa y por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos tras convocar un pleno por la vía de urgencia sin justificar.
En un primer escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad, la jueza le denegó el «trato especial» que reclamaba por su condición de político. En esta ocasión, la Audiencia Provincial argumenta que «no es procedente dar lugar al recurso».
De esta manera, la apertura de juicio oral ya es una realidad y Rodríguez Palacios tendrá que sentarse en el banquillo cuando la Audiencia Provincial determine la fecha que, probablemente, coincidirá con el inicio de la campaña electoral de las elecciones municipales o se celebrará inmediatamente después de los comicios, en los que el alcalde concurre como candidato del PSOE, informa ABC.
El citado diario apunta que el regidor ha cambiado de abogado y ha contratado a Esteban Mestre, experto en casos de corrupción y letrado de Ignacio González, Virgilio Zapatero o José Ramón Blanco Balín.
La oposición en bloque ha pedido en reiteradas ocasiones su dimisión, una retirada que tendrá que decidir el PSOE de Madrid, que hasta ahora ha evitado cumplir el código ético del partido que le obligaría a dimitir ante la apertura de juicio oral. En este sentido, el socialista Ángel Gabilondo fue claro: «Si así sucediera, el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE recoge que se tiene que producir la dimisión».
La causa parte de una denuncia del portavoz del PP complutense, Víctor Chacón, quien pide para el alcalde una pena de 13 años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público (10 por prevaricación y 3 por la violación de los derechos de los concejales).
Los hechos se remontan al año 2016 cuando Rodríguez Palacios, presuntamente, se saltó el reglamento y convocó un pleno para la aprobación de los Presupuestos por la vía de urgencia aprovechando la ausencia de dos de los concejales del PP.
«Javier Rodríguez Palacios utilizó su posición de superioridad para saltarse la normativa y lo hizo consciente de su ilegalidad, pues se le había informado previamente y de forma reiterada de que estaba incurriendo en un delito de prevaricación. A pesar de ello y con manifiesto desprecio a la legalidad, el alcalde convocó el pleno por la vía de urgencia sin que hubiera ningún motivo real y con el único interés de impedir la participación de dos concejales del Partido Popular», afirma rotundo el escrito de acusación del portavoz popular.
