La nueva norma, que entrará en vigor este miércoles, elimina la obligación de llevarla en la mayor parte de los interiores, excepto en centros sanitarios y sociosanitanitarios y en todos los transportes.
La justicia investiga más de cincuenta licitaciones que se produjeron en el primer estado de alarma y fueron adjudicadas por un valor de 310 millones de euros.