La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad
Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus.
La formación imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del patógeno que causa el COVID-19.
Según el partido de Santiago Abascal, Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.
En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza del COVID-19, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.
Documento borrado
Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.
La formación también se refiere, en la querella, al informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado Evaluación rápida del riesgo, donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.
«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica Vox en su escrito.
La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos. Por ello, solicita al Supremo que reclame al Instituto de Salud Carlos III que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, así como de cualquier otro organismo internacional como la OMS, ha informado en un comunicado.
