Los principales arrestos se han producido en Madrid, Toledo y Guadalajara
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, han desmantelado dos organizaciones criminales y han detenido a 69 personas que disponían de una infraestructura con la que llegaron a regularizar a más de 1.000 ciudadanos.
Para ello se valían de contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos con los que llegaron a conseguir beneficios por unos cinco millones de euros. Contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, obteniendo en contraprestación el cobro de entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.
Dos organizaciones criminales
El entramado criminal, integrado por dos organizaciones asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, disponía de ramificaciones en otras ciudades de España y se dedicaba a la regularización fraudulenta en nuestro país de ciudadanos de origen chino en situación irregular. Ambas organizaciones realizaban su actividad criminal de forma independiente, aunque colaboraban de forma esporádica en función de intereses mutuos.
Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.
También contaban con la colaboración de despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de obtener tarjetas de residencia de forma indebida. Estos despachos recibían una contraprestación económica por parte de los líderes de la organización, cuya cantidad oscilaba entre los 500 y 1.000 euros por cada persona.
Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo. Aportaban documentación falsa a ciudadanos chinos que simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D.
Además, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad. Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización.
El operativo permitió detectar irregularidades en procesos de solicitud de permisos de residencia que realizaban ciudadanos extranjeros de nacionalidad china. La investigación puso al descubierto certificados de empadronamiento falsos que habían sido incorporados a los expedientes de extranjería de estos ciudadanos, con el fin de regularizar su situación de forma fraudulenta y se estima que habrían regularizado a más de 1.000 extranjeros de origen chino.
