Formaban parte de un grupo delictivo que robó 1,4 millones de euros mediante el phishing y clonando tarjetas bancarias
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Torrejón de Ardoz acusadas de formar parte de un entramado criminal altamente especializado en la ejecución de estafas masivas y blanqueo de capitales. El montante del dinero defraudado supera 1.400.000 euros.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Torrejón de Ardoz acusadas de formar parte de una organización criminal a nivel nacional e internacional dedicada a estafas masivas y blanqueo de capitales. En total se ha detenido a 30 personas y se investiga a otras dos en Torrejón, Castellón, La Jonquera (Girona), Lleida, Tarragona y Barcelona.
Se estima que lo defraudado por los supuestos autores podría superar la cantidad de 1.400.000 euros.
La investigación de la denominada Operación Gravelinas se inició a principios de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por un representante de una importante cadena de supermercados ante la Guardia Civil de Castellón, en la que alertaba que dicha cadena estaba siendo víctima de múltiples estafas por el método del phishing bancario.
Este sistema consiste en la utilización de técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial sobre nombres de usuario, contraseñas y otros detalles de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por comunicaciones confiables y legítimas.
El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas, con el fin de obtener datos de carácter personal.
Tras realizarse las primeras indagatorias se pudo constatar la existencia de un grupo organizado de personas, cuyo principal centro de operaciones se asentaba en Castellón y cuyos cabecillas contaban con una alta cualificación en el campo de la tecnología financiera y movimiento electrónico de capitales.
Procedimientos de investigación patrimonial y societaria llevaron a la Guardia Civil a localizar los principales elementos de la organización criminal así como a la identificación de las empresas societarias de las que se servían para realizar las estafas.
Los investigadores se dieron cuenta de que los presuntos autores estaban evolucionando sus formas de actuar hacia actividades ilícitas que les reportaban cada vez más beneficios, y que al mismo tiempo eran más difíciles de detectar.
La evolución culminó cuando los componentes de la organización abandonaron los métodos tradicionales de captación de información personal para la utilización de tarjetas, y comenzaron a realizar cargos masivos de compras a tarjetas de crédito.
Estas últimas tarjetas las conseguían a través de remesas de tarjetas clonadas procedentes de 13 países, como Suecia, Corea del Sur, Colombia, Japón o Luxemburgo y adquiridas a través del llamado Internet oculto o Deep Web.
Con ellas, y gracias a un entramado societario de empresas pantalla, procedían a realizar compras de bienes que no existían y transacciones a través de Terminales Punto de Venta (TPV) que adquirían en varias entidades bancarias.
El flujo de dinero comenzaba su viaje por el entramado financiero, hasta que terminaba en poder de los miembros de la organización.
Se han bloqueado además 64 cuentas bancarias utilizadas por la red criminal, estimándose que el montante del dinero defraudado supera la cifra de 1.400.000 euros.
Y se han practicado 4 registros domiciliarios e incautado numerosa documentación, plásticos para tarjetas de crédito, material informático específico, 5 Terminales de Venta Electrónica y 17 teléfonos móviles de alta gama.
Debido a la alta especialización delictiva objeto de la investigación, la Guardia Civil se sirvió de personal especializado en el campo de la informática forense en colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de EUROPOL, y se requirió a su vez la colaboración de Interpol y el auxilio de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, para la canalización de más de 200 solicitudes a las 55 entidades, empresas y organismos oficiales de distintos países afectados.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, quien dada la internacionalización de las operaciones, es competente para el asunto.
