La red habría eliminado sin ningún tratamiento previo 3.000 toneladas de residuos peligrosos en la planta incendiada en 2016
El Seprona de la Guardia Civil ha destapado una supuesta red de tratamiento ilegal de residuos peligrosos que llevaba los productos desde Madrid a la planta incendiada en 2016 en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), y los eliminaba allí sin descontaminar.
La Operación Waste se ha desarrollado a lo largo de nueve meses bajo la instrucción del Juzgado 1 de Guadalajara, y por el momento hay un total de cinco personas investigadas, entre ellas, los responsables de la empresa KUK Medioambiente, que era la gestora de la planta de Chiloeches.
Según las primeras investigaciones, la red habría eliminado sin ningún tratamiento previo 3.000 toneladas de residuos peligrosos en esa planta.
La red simulaba el transporte de los residuos peligrosos producidos en una empresa química de la Comunidad de Madrid hasta su planta soriana para, supuestamente, una vez tratados, llevarlos a la planta de Chiloeches donde, como ya no eran peligrosos, se eliminaban.
Pero la realidad es que los dos viajes sólo existían sobre el papel porque el único movimiento que realizaban los deshechos no superaban los 25 kilómetros, de Madrid a Chiloeches, donde eran eliminados con toda su carga contaminante activa.
De esta manera, los trabajadores de la planta de Chiloeches han estado expuestos a los peligros del manejo de los residuos ya que, aunque llegaban como tratados, realmente tenían los elementos de riesgo.
La red, además, cobraba a sus clientes todo el proceso de tratamiento que no realizaba, así como las cuotas por un transporte que tampoco era real.
Además, las empresas investigadas cobraban a sus clientes todo el proceso de tratamiento que no realizaban y cuotas por un transporte que tampoco hacían.
Por todo ello, las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntan a presuntas responsabilidades de las empresas investigadas en la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y falsedad documental, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Guadalajara.
