La querella iría dirigida también contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria por la filtración de datos fiscales de un particular
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, prepara una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por revelación de secretos, según ha adelantado este viernes Carlos Herrera en la Cadena COPE. El presentador del programa ha avisado de que este tipo de querellas, en el caso de prosperar, conllevan penas de cárcel. En concreto, de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Desde el Partido Popular han pedido esta semana a la ministra de Hacienda que aclare si había accedido ilegalmente y usado los datos tributarios de un particular, la actual pareja de Díaz Ayuso, para dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que María Jesús Montero aludiera a las comisiones por la venta de mascarillas que habría cobrado la pareja de Ayuso cuatro horas antes de que esta información fuera publicada por eldiario.es.
Montero, por su parte, ha negado que hubiera filtrado informaciones sobre las investigaciones de la Agencia Tributaria al novio de la presidenta madrileña, después de que Ayuso la acusara de decir «por los pasillos» del Senado los «datos personales» de su pareja, «que ni siquiera el propio afectado conocía».
Al mismo tiempo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera «de extrema gravedad» la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial, de «datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».
El ICAM responde así al comunicado de la Fiscalía de Madrid en el que detallaba que «el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal». El Ministerio Público señalaba que fue la defensa de la pareja de Ayuso la que se puso en contacto con la Fiscalía para proponer un acuerdo sobre el supuesto fraude fiscal, y no al revés, como se publicó en algún medio de comunicación.
El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado que «someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno», el próximo lunes, «cuantas medidas sean necesarias» para garantizar que se respeten el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, «como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias».