El Ayuntamiento de Madrid asegura que habrá zonas de bajas emisiones con nueva ordenanza
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra la anulación de Madrid Central, zona restringida al tráfico en el centro de la ciudad, lo que supone que todas las multas impuestas decaen al carecer de sustento normativo.
El proyecto del anterior gobierno municipal de Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de la capital entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron incluso a la Justicia madrileña su paralización cautelar.
El TSJM anuló parte de la ordenanza de Madrid Central por «defectos formales» dado que «no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza», informa Efe.
Ahora el Supremo tumba el intento de Ecologistas para preservar Madrid Central al manifestar que «por más que pueda coincidirse con la recurrente en la trascendencia social» de este asunto, «no concurre ninguno de los supuestos de interés casacional invocados».
Desde el Ayuntamiento de la capital, gobernado ahora por el PP y Cs, señalan que Madrid Central se hizo de forma «chapucera» y por eso ha sido tumbado por la Justicia, aunque aseguran que Madrid contará con zonas de bajas emisiones cuando entre en vigor la nueva ordenanza de movilidad.
Así lo ha indicado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, que ha pedido a los madrileños que, de momento, actúen como «si Madrid Central siguiera existiendo» y ha subrayado que «no va a ser problemático» ya que «la nueva ordenanza que reconoce la zona de bajas emisiones va a ver la luz ya».
Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que no se devolverá el importe de las multas ya cobradas, y que se seguirá multando hasta que el auto del Supremo alcance firmeza en unos dos meses y se ponga en marcha una nueva normativa, por lo que ha pedido a los ciudadanos prudencia.
Sin embargo, desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señala que sí se puede pedir la devolución de la sanción por responsabilidad patrimonial, y si el Ayuntamiento lo rechaza, es posible acudir a los tribunales para reclamar el importe de la sanción por una normativa anulada.
