Está previsto que entre en vigor a lo largo del próximo año
La Comunidad de Madrid va a eliminar el plazo de espera de 24 horas establecido por normativa para el traslado de cadáveres fuera de la región, con el objetivo de que las familias puedan velar a sus seres queridos en el lugar de su elección, como ocurre principalmente con la localidad de nacimiento. Alrededor de 7.000 familias se podrían beneficiar anualmente de esta medida del Gobierno regional.
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, está concluyendo los trámites administrativos para modificar la normativa que regula el sector de servicios funerarios, es decir, el Reglamento de Sanidad Mortuoria, recogido en el Decreto 124/1997, de 9 de octubre.
La eliminación del tiempo de espera de 24 horas previo al traslado del cadáver surge para dar respuesta a la demanda social manifestada en este sentido, tanto por parte de particulares como de las empresas funerarias. De esta manera, se adecuará la normativa a la realidad actual del sector. En este sentido, se eliminarán requisitos que carecen actualmente de justificación por motivos de protección de la salud pública, para respetar y apoyar en la medida de lo posible la voluntad de las familias.
En paralelo a la eliminación del plazo de 24 horas, se agilizarán los trámites administrativos para el traslado del cadáver al sustituir la actual autorización por una comunicación previa, salvo en el caso de los cadáveres que pudieran suponer un riesgo sanitario.
La modificación del Reglamento de Sanidad Mortuoria incluye, por otro lado, la prestación del servicio de tanatopraxia por parte de los profesionales habilitados para realizar dichas prácticas de embalsamamiento y conservación temporal de cadáveres.
En la tramitación de esta iniciativa han participado las principales asociaciones del sector y los colegios profesionales, a través del trámite de consulta y audiencia pública, y ha sido informado favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, considerando que beneficia los intereses de los consumidores madrileños.
