Se están llevando a cabo negociaciones para que la planta sea adquirida por otra sociedad
El sindicato Comisiones Obreras ha informado de que la empresa, que anunció el cierre de sus instalaciones en Alcalá, después de 40 años, lo que ponía en peligro más de 100 puestos de trabajo, podría continuar operando si finalmente es adquirida por otra sociedad.
La mercantil Multicomerce Universal S.L., proveedor habitual de Coopbox, se ha interesado por la compra para dar continuidad a la planta de Alcalá.
Después de diversas movilizaciones y gestiones, enmarcadas en el proceso concursal, en el que Coopbox está inmersa, el comité de empresa se ha pronunciado favorablemente con respecto a una posible solución, que pasaría por esa posible compra, han señalado fuentes del sindicato.
La multinacional italiana anunció el cierre de su fábrica en Alcalá de Henares, hace años conocida con el nombre de Dynaplast, situada en el kilómetro 30 de la M-300.
La empresa planteó un ERE de extinción de 107 contratos acompañado de un ERE de suspensión temporal para 13 personas que se quedarían para el desmantelamiento de la fábrica, lo que significa el cese total de actividad.
Vicente García, secretario general de Comisiones Obreras en el Henares, lamentaba en declaraciones a MiraCorredor que «una empresa emblemática de Alcalá, que lleva décadas asentada aquí se vea abocada al cierre por una mala gestión cuando los trabajadores de la antigua Dynaplast habían llegado a acuerdos salariales para buscar la viabilidad».
Según García, la multinacional alegó problemas económicos, una situación por la que también se verían afectados los trabajadores de la fábrica que la compañía tiene en Lorca (Murcia), donde se despedirá a la mitad de la plantilla en extinción y a la otra mitad en suspensión temporal.
Detrás de los problemas que atraviesa la multinacional, dedicada a la fabricación de envases y embalajes de plástico, podría estar la multa millonaria que la Comisión Europea impuso a Coopbox y a otras nueve empresas del sector en 2015 por pactar precios e intercambiar información comercial sensible. En el caso de la italiana, la cantidad a pagar era de 33,6 millones de euros.
