En los próximos dos meses, las medidas del Gobierno supondrán un impacto negativo de 116 millones euros para la hostelería en la ciudad de Madrid
Los establecimientos de hostelería madrileños sufrirán hasta final de septiembre pérdidas de 116 millones de euros por las medidas de ahorro energético del Gobierno central, según Hostelería Madrid, que estima en 520 millones el total de pérdidas hasta septiembre de 2023 por el descenso de clientes y la desaceleración del turismo.
Las medidas del Gobierno de España que entraron en vigor este miércoles, y más concretamente la limitación a 25 ºC de la temperatura mínima en los locales, reducirá al menos un 3% la facturación de los establecimientos, 1.347.608 euros diarios, por la caída de clientes en los establecimientos, denuncia la asociación.
Este descenso, que se prevé que continúe hasta finales de septiembre, afectará en mayor medida al consumo de personas mayores de 45 años, según los hosteleros que preveían facturar 16.395 millones este año y estaban recuperando la facturación hasta alcanzar el 93% de los ingresos de 2019.
Con el plan energético, del 10 de agosto al 30 de septiembre, la restauración madrileña sufrirá una pérdida de facturación de 70 millones. A ello, habría que añadir la pérdida de atractivo de Madrid en el ámbito turístico que supondrá un impacto añadido de un 2% de caída de facturación, 898.405 euros diarios, que supone perder otros 46 millones, señalan.
En total en los próximos dos meses, las medidas del Gobierno supondrán un impacto negativo de 116 millones euros para la hostelería en la ciudad de Madrid. Esta situación «continuará este otoño ante un escenario de descenso de la facturación por la pérdida de renta disponible para las familias, por efecto de la inflación y la subida del coste de las materias primas», siendo el ocio y restauración uno de los primeros gastos que ajustan los ciudadanos.
La previsión para este invierno tampoco es positiva, ya que desde diciembre hasta febrero de 2023 la limitación a 19 grados de la temperatura máxima en los locales, sumada a la pérdida de atractivo de Madrid por el apagado de los escaparates, principalmente en la campaña de navidad, reducirá la facturación un 5%. Ello supone un descenso de 2.246.013 euros diarios en la facturación, llegando a los 202 millones de euros de pérdida durante los tres meses de invierno.
El próximo verano, de julio a septiembre de 2023, si se mantiene la temperatura mínima en los locales en 25 ºC, se producirá una caída equivalente de facturación, 202 millones de euros, aseguran. En total, desde Hostelería Madrid «estimamos que el impacto en la cuentas de los establecimientos para la hostelería madrileños será 520 millones de euros por el descenso del consumo que producirán las medidas de ahorro energético».
Ello provocaría la pérdida de 6.000 empleos en la Comunidad de Madrid, considerando que únicamente una cuarta parte de ese descenso de facturación de 520 millones de euros repercutiera en pérdida de empleo. Los restauradores recalcan «el esfuerzo en ahorro energético que vienen haciendo las empresas de hostelería madrileñas, a través de la mejora de la iluminación y adquisición de maquinaria más eficiente», para reducir las facturas eléctricas.
En este contexto, «demandamos medidas fiscales y financieras que palíen esta situación, como puede ser el establecimiento de un periodo de carencia de los ICO o la reducción de la carga impositiva de las empresas, especialmente de la pymes». Asimismo, «demandamos marcos sancionadores que se ajusten a la realidad de las pymes. Nos parece una gran error y una pérdida de oportunidad que, mediante este real decreto ley, el Gobierno no haya aprovechado para desarrollar un marco sancionador ponderado y que evite el riesgo de sanciones de millones de euros».
Piden al Gobierno de España que «establezca mecanismos para medir objetivamente el esfuerzo energético que se plantea a las pymes y pondere las medidas restrictivas de la temperatura en los locales, para que tengan el menor impacto en el empleo y no pongan en peligro su viabilidad». Consideran «imprescindible que estas medidas se consensúen con las comunidades y los sectores económicos, evitando la improvisación y estableciendo objetivos compartidos en los próximos meses que ajusten las medidas a la necesidad real de ahorro necesario en cada momento».
