Podemos rechaza la adquisición de 10 unidades por parte del Ayuntamiento socialista
La Policía Local de Alcalá de Henares comenzará a usar las polémicas pistolas táser, tras la decisión del Ayuntamiento de acometer la compra de 10 unidades de estos dispositivos que producen descargas eléctricas y que son una alternativa al uso de la fuerza y las armas de fuego en situaciones de crisis.
El uso de este tipo de armas es reclamado por las policías locales de diferentes municipios a lo largo de la geografía española y, recientemente, el Ayuntamiento de Madrid anunció la adquisición de 200 pistolas eléctricas por un valor de medio millón de euros. Cada equipo, que se instalará en los vehículos policiales, incluye la pistola eléctrica y también una cámara de visionado y grabación para registrar cualquier intervención, como contamos aquí en MiraCorredor.
Desde el grupo municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida de Alcalá se oponen a la «decisión unilateral del equipo de gobierno del PSOE» y solicitan «información sobre la existencia de formación del personal policial y protocolo de utilización de este tipo de armas».
En un comunicado, la coalición explica que se trata de «un arma menos letal que un arma de fuego, pero que genera 50.000 voltios en vacío, por lo que puede ser letal y de hecho está produciendo numerosas muertes».
Según Unidas Podemos-Izquierda Unida, las pistolas táser «son las responsables directa o indirectamente de más de 1.000 muertes en los últimos 20 años por parte de las fuerzas policiales de EEUU y Canadá», y recuerda que «diferentes organizaciones internacionales» como el Comité contra la Tortura de la ONU y Amnistía Internacional «se han manifestado en contra del uso policial de este tipo de armas», que «no se pueden utilizar contra personas embarazadas, menores de edad, con enfermedades cardiovasculares, medicadas o con trastornos psicológicos».
Para la coalición, «la compra de estas armas no es proporcional a los índices de criminalidad en Alcalá de Henares que se mantienen estables respecto a los años precedentes y muy por debajo de los datos registrados por el Ministerio del Interior en 2013 (casi un 20% más elevados)».
