Por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre
Ganar Torrejón (IU-Equo) ha pedido la dimisión de la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Dolores Navarro, condenada por el Tribunal de Cuentas, junto a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros seis cargos de su Gobierno, a pagar 25 millones de euros por vender pisos públicos con rebajas a un fondo buitre.
La formación local exige su «dimisión inmediata» al considerar que «no es idónea para el desempeño de ninguna labor pública en el Ayuntamiento, especialmente para ostentar las carteras de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer».
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a varios de sus entonces colaboradores a pagar 25 millones de euros por la venta irregular en 2013 de 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo buitre Blackstone, según ha avanzado la Cadena SER.
El Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de Manuela Carmena, había demandado en 2017 a Botella y a su equipo por el daño patrimonial que supuso la venta por valor de 55 milones de euros de pisos sociales. El Tribunal de Cuentas cifra en más de 25 millones de euros el perjuicio ocasionado por esa operación, que se hizo por debajo del precio de mercado.
En su sentencia, el Tribunal declara responsables directos a la exalcaldesa Ana Botella y al entonces máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, así como a los concejales del equipo de gobierno Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos han de asumir el pago solidario para resarcir los daños.
Botella y su entonces equipo de gobierno municipal han anunciado que recurrirán la sentencia, alegando que la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas», según recoge Europa Press.
Por su parte, Ganar Torrejón recuerda en un comunicado que «un caso semejante tuvo lugar en el barrio Soto del Henares de la localidad, ya que varios bloques de pisos de vivienda protegida propiedad del Gobierno de la Comunidad de Madrid fueron vendidos a fondos buitre, a precios bastante reducidos y vulnerando los derechos arrendaticios y de compra preferente que ostentaban las personas que residían en dichos bloques».
