El castellano deja de figurar como lengua oficial del Estado y los alumnos podrán pasar de curso sin límite de suspensos
El Gobierno ha aprobado en el Congreso la polémica Ley Celaá, llamada así por la ministra de Educación, Isabel Celaá, aunque la norma deberá pasar ahora por el Senado. Se trata de la reforma educativa del Gobierno, con la que pretende derogar la Lomce o Ley Wert, que puso en marcha el Partido Popular.
La nueva ley hace una defensa de la educación pública como «eje vertebrador del sistema educativo», pero uno de sus puntos más polémicos tiene que ver con el castellano, que deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. «Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente», dice la norma.
Además, la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura, y los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.
Respecto a la religión, elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o becas. En Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de Cultura de las religiones. En cuanto a Valores cívicos y éticos, se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad. En Secundaria se conocerá el papel social de los impuestos y la justicia fiscal.
Otro de los puntos más polémicos de la nueva ley se refiere a la Educación Especial. En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad, aunque las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Sobre los centros concertados, se elimina la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Además, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no podrán separar al alumnado por su género.
Por otro lado, los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
La nueva ley también recoge que los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, que deberá plantearse «desde una perspectiva de género». Asimismo, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria; se impulsará el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas; y se promoverá la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.
La norma también pretende fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta y los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.
En cuanto al bachillerato, se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado todas las materias salvo una. Además, se crea una nueva modalidad de bachillerato general con conocimientos de ciencias y letras para los alumnos que no tengan decidido qué carrera estudiar.
El Pleno ha aprobado el Proyecto de reforma de la Ley de Educación, que remitirá al @Senadoesp, y el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo.
También ha convalidado dos RD-L y tomado en consideración una proposición de ley.
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— Congreso (@Congreso_Es) November 19, 2020
